El caso de Joaquín Rodrigo Ibarra continúa generando conmoción en Tucumán. El 12 de enero, el joven de 21 años salió de su casa con la autorización de sus padres y tomó un Uber para dirigirse al domicilio de un amigo en la ciudad de Alderetes. Cuando llegó a la puerta de la vivienda fue abordado por dos adolescentes que intentaron asaltarlo.
Según relató Juan Pablo Bello, abogado de la familia de la víctima, uno de los atacantes se acercó armado. “Al advertir que lo estaban por asaltar, Joaquín arrojó su celular por encima de una reja y solo se quedó con una bolsa con ropa que llevaba en la mano. Luego levantó sus brazos”, explicó el letrado.
De acuerdo al testimonio del representante legal, el joven incluso intentó evitar la agresión entregando sus pertenencias. “Él le tiró esa bolsa para que no le hicieran nada; el delincuente la levantó y se la entregó al cómplice que lo esperaba en una moto. Luego regresó y le efectuó un disparo en la cabeza”, detalló Bello.
Tras el ataque, Ibarra fue trasladado de urgencia a un hospital, pero debido a la gravedad de la herida falleció poco después. La secuencia del crimen quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona donde ocurrió el hecho.
A partir de esas imágenes y otras tareas investigativas, personal de la ex Brigada de Investigaciones realizó un operativo que permitió detener a los presuntos autores del homicidio: dos adolescentes de 16 y 17 años. Por tratarse de menores de edad, la legislación vigente prohíbe difundir sus identidades o cualquier dato que permita identificarlos.
En las últimas horas, familiares y allegados del joven volvieron a manifestar su indignación a través de redes sociales. Según denunciaron, los menores acusados del crimen estarían utilizando teléfonos celulares y realizando videollamadas desde el lugar donde se encuentran alojados.
“Mientras Joaquín está en un cementerio, sus asesinos con total impunidad usan celulares y se burlan de todos”, expresaron en una publicación difundida en Facebook desde una cuenta que impulsa el pedido de justicia por el caso.
En el mismo mensaje, la familia recordó el compromiso que había manifestado el gobernador Osvaldo Jaldo respecto al traslado de menores que cometen delitos graves al complejo penitenciario de Benjamín Paz.
“El 12 se harán dos meses de que lo asesinaron. Exigimos que se cumpla con su palabra”, señalaron en el texto dirigido al mandatario provincial.
Las imágenes difundidas en redes mostrarían una videollamada en la que aparecerían jóvenes que, según denuncian los familiares, estarían vinculados al crimen. Para los allegados de la víctima, esto demostraría que los acusados tendrían acceso a teléfonos dentro del instituto donde permanecen alojados.
Mientras tanto, el crimen de Joaquín Ibarra sigue bajo investigación judicial y continúa generando repercusiones en Tucumán, en medio del debate sobre el tratamiento penal de menores involucrados en delitos graves.
