El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que ordena la desafectación y el cese inmediato de un agente transitorio del Servicio Penitenciario Provincial (SPPT), en el marco de una investigación por su presunta participación en el ingreso ilegal y comercialización de teléfonos celulares dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 992/7 (SES), publicado este 22 de mayo en el Boletín Oficial, y alcanza a Luis Alfredo Valenzuela, quien había sido incorporado al escalafón de seguridad en julio de 2025.
La decisión se originó a partir de las requisas sorpresivas realizadas el pasado 20 de abril de 2026 en las Unidades N° 1 y N° 3 del penal, donde se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos prohibidos. Según surge del expediente administrativo, al analizar los aparatos incautados se detectó una línea telefónica registrada a nombre del agente, que prestaba funciones justamente en una de las unidades intervenidas.
La situación se agravó cuando un interno, cuya identidad se mantiene en reserva, aportó pruebas de transferencias de dinero dirigidas a Valenzuela a cambio de facilitar el ingreso de los equipos. A esto se sumaron capturas de conversaciones de WhatsApp y registros de un perfil de TikTok atribuido al acusado, elementos que fortalecieron las sospechas en su contra.
En su descargo, el agente negó haber ingresado el teléfono secuestrado, aseguró que no se encontraba de guardia el día del procedimiento y afirmó que utilizaba otra línea distinta a la registrada. Sin embargo, admitió una conducta considerada negligente: reconoció que dejaba su billetera y su celular en espacios comunes frecuentados por internos, una práctica por la que ya había sido advertido por sus superiores.
Para el Gobierno provincial, este comportamiento implica un riesgo para la seguridad pública y evidencia una pérdida de confianza incompatible con la función penitenciaria. El decreto sostiene que los indicios reunidos generan un “estado de duda inaceptable” sobre la conducta del agente y remarca que la tarea exige un desempeño intachable.
Asimismo, se destaca que, al tratarse de personal transitorio, Valenzuela no cuenta con estabilidad laboral, lo que habilita al Poder Ejecutivo a disponer su desvinculación inmediata para resguardar el interés público.
