La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con derivaciones políticas, luego de que trascendiera un presunto vínculo entre uno de los detenidos y una empleada de la Legislatura provincial.
Si bien la mujer no figura en el expediente judicial ni fue incorporada formalmente a la causa, la versión comenzó a circular con fuerza en los pasillos del edificio legislativo de Muñecas al 900, lo que generó preocupación puertas adentro del ámbito político.
Según fuentes vinculadas al caso, esa información habría derivado en una intervención directa del vicegobernador Miguel Acevedo, quien habría ordenado cortar de inmediato la relación laboral de la trabajadora, con el objetivo de evitar que el Poder Legislativo quedara expuesto en medio de una investigación por narcotráfico de alto impacto.
De acuerdo con esa reconstrucción, el titular de la Legislatura habría mantenido contactos en los últimos días para verificar la veracidad de la versión que circulaba internamente. Tras recibir confirmaciones en ese sentido, habría solicitado avanzar con la desvinculación de la empleada.
La reacción política no se habría limitado a esa decisión. Siempre según las mismas fuentes, Acevedo también habría transmitido a distintos sectores que no estaba dispuesto a que la institución quedara “pegada” o asociada a un expediente de semejante gravedad, en referencia a la causa que se abrió tras el hallazgo del cargamento de droga.
Por el momento, es importante remarcar que no existe ninguna imputación judicial contra la mujer mencionada, ni elementos incorporados en la causa que acrediten su vinculación con el hecho investigado. Sin embargo, la sola circulación de la versión fue suficiente para activar mecanismos de contención política dentro de la Legislatura.
Se trata, además, del segundo nexo con el ámbito político que emerge alrededor del expediente. El primero se conoció cuando se confirmó que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP), un dato que amplificó el impacto público del caso.
La causa por el cargamento de cocaína continúa así expandiendo sus efectos más allá del plano judicial, alcanzando ahora al terreno institucional. Mientras la Justicia avanza sobre el circuito narco y sus posibles conexiones, en la esfera política el foco está puesto en despegar a la Legislatura de cualquier vínculo con el caso.
En ese contexto, el mensaje que habría bajado desde la vicegobernación apunta a una idea central: evitar daños institucionales, aun cuando, hasta el momento, no existan elementos judiciales que comprometan formalmente a la trabajadora señalada en la versión que desató la controversia.
