Cinco profesionales del Centro de Salud fueron imputados por la muerte de Francisco Molina, un hombre de 57 años que falleció en febrero de 2025 tras una atención médica que hoy es investigada como un presunto caso de mala praxis. La causa está en manos de la fiscalía de Homicidios, que los acusa de homicidio culposo, un delito que prevé penas de hasta cinco años de prisión, según publicó Tendencia de Noticias.
El caso comenzó el 7 de febrero, cuando Molina acudió al Hospital Avellaneda por fuertes dolores abdominales. Allí, según consta en la historia clínica, se le diagnosticó una hernia supraumbilical y se determinó que debía ser sometido a una cirugía, iniciando el proceso de derivación. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por el mismo medio, el cuadro se agravó en los días siguientes.
Cuatro días más tarde, el paciente regresó al hospital con náuseas, sudoración y un dolor mucho más intenso. Según la investigación, una tomografía confirmó que se trataba de un cuadro compatible con abdomen agudo quirúrgico, lo que implicaba la necesidad de una intervención urgente. Como no había quirófano disponible, se dispuso su traslado inmediato al Centro de Salud.
De acuerdo a la acusación fiscal, el traslado se realizó con carácter de urgencia, pero al llegar el paciente no fue operado. En cambio, según se detalla en la causa y fue publicado por Tendencia de Noticias, fue atendido con una maniobra de reducción manual y medicación para aliviar los síntomas, como analgésicos y antiinflamatorios, una decisión que hoy está bajo cuestionamiento.
Siempre según la investigación, esa conducta médica se apartaría de los protocolos establecidos para este tipo de cuadros. Horas después, Molina fue dado de alta médica, pese a que había sido derivado con indicación de cirugía urgente.
“Creíamos que lo estaban operando. Nunca imaginamos que lo tenían sentado en una silla, con suero, muriéndose de dolor”, relató su hijo, en declaraciones que también fueron reflejadas por el citado medio.
Tras regresar a su casa, el cuadro se agravó rápidamente. Según consta en la causa, debió ser trasladado nuevamente al Hospital Avellaneda, donde ingresó en estado crítico. Allí presentó fallas respiratorias, fue intubado y sufrió dos paros cardiorrespiratorios que derivaron en su muerte.
Para los investigadores, el eje del caso está en determinar si la falta de intervención quirúrgica en tiempo y forma fue determinante. En ese sentido, según los informes médicos incorporados al expediente y citados por Tendencia de Noticias, la única alternativa terapéutica era la cirugía.
Otro punto clave es la desaparición del formulario de derivación, donde se indicaba la necesidad de una cirugía urgente. Según la fiscalía, al solicitar ese documento, desde el Centro de Salud respondieron que no estaba disponible, lo que dio origen a una línea de investigación por posible encubrimiento.
Con el avance de la causa, fueron imputados Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón, todos acusados de homicidio culposo por mala praxis médica. Según la acusación, las decisiones tomadas durante la atención del paciente habrían sido determinantes en el desenlace.
En paralelo, una junta médica analizó lo ocurrido y llegó a conclusiones contundentes. Según ese informe, la derivación fue correcta, pero en el Centro de Salud no se cumplieron los protocolos para un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, la reducción manual no era recomendable en ese contexto y el alta médica fue injustificada.
El informe también determinó que la causa de muerte fue un shock vinculado a una hernia estrangulada, una condición que requería intervención inmediata.
El caso generó conmoción y podría marcar un precedente en la provincia, donde son escasos los antecedentes de causas por mala praxis médica que avancen hacia instancias judiciales.
La familia, en tanto, sostiene un reclamo firme: “No queremos plata. Queremos que esto no le pase a nadie más. Nadie se merece morir así”.
