Diez vecinas de la ciudad de Graneros fueron imputadas por el delito de amenazas simples en calidad de coautoras, en el marco de una causa judicial que se originó tras un episodio ocurrido durante una protesta vinculada a los reclamos por las inundaciones que afectaron a distintos barrios del sur tucumano.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la intendenta de la ciudad, Raquel Graneros, y por su madre, María Alejandra Cejas. Según la presentación, ambas habrían sido interceptadas por un grupo de mujeres el pasado 28 de abril, cuando se retiraban de una ceremonia religiosa realizada al cumplirse un mes del fallecimiento de un familiar.
De acuerdo con lo denunciado, las mujeres habrían impedido durante varios minutos la circulación del vehículo en el que se trasladaban y habrían proferido amenazas contra su integridad física y su vivienda. La situación se extendió hasta la intervención de efectivos policiales.
Durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Concepción, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra las diez acusadas y solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad para garantizar el avance de la investigación.
Las imputadas rechazaron los cargos. Algunas de ellas sostuvieron que la movilización tenía como objetivo reclamar asistencia para familias afectadas por las inundaciones en los barrios Buenos Aires y Santa Rita, y que buscaban entregar una nota a las autoridades municipales.
La defensa de nueve de las mujeres estuvo a cargo de la abogada Tania Pamela Visintini, quien cuestionó la formulación de cargos al considerar que no se encontraba debidamente individualizada la conducta atribuida a cada imputada. En ese sentido, el juez solicitó a la fiscalía que precise el rol de cada una en los hechos investigados.
Tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Martín Cacici resolvió que la causa continúe en etapa investigativa y dispuso medidas de coerción de menor intensidad.
Entre ellas, se estableció la obligación de permanecer a disposición de la Justicia, someterse al proceso y cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con las denunciantes por cualquier medio.
La restricción fue fijada en un radio de 200 metros y tendrá una duración de seis meses.
Además, el magistrado autorizó a las partes a continuar incorporando pruebas, como testimonios, registros audiovisuales y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
La causa seguirá bajo investigación mientras se intenta determinar si existieron las amenazas denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades de las personas imputadas.
