Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (Subsidio de Salud) fueron imputados este viernes por su presunta participación en una maniobra fraudulenta vinculada a la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos, en una causa que investiga el Ministerio Público Fiscal.
La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, conducida por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien estuvo representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala.
A los acusados se les atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública, tentativa de defraudación y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores.
Uno de los sospechosos fue detenido en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán cuando intentaba viajar hacia Córdoba, luego de no ser localizado durante un allanamiento realizado horas antes.
Según la acusación, desde enero de 2026 los imputados habrían actuado de manera coordinada para ofrecer a afiliados la obtención de certificados de discapacidad falsos a cambio de dinero.
A cambio del pago, prometían cobertura total de prácticas médicas, cirugías y prótesis, beneficios que luego eran gestionados dentro del propio sistema.
La investigación sostiene que los documentos adulterados eran incorporados a expedientes administrativos reales, lo que permitía dar apariencia de legalidad a los trámites.
Aprovechando sus funciones dentro del organismo, los acusados habrían facilitado todo el circuito interno, desde el ingreso de la documentación hasta su paso por auditoría médica. En algunos casos, incluso se logró la aprobación de intervenciones quirúrgicas y provisión de prótesis.
En cuatro hechos detectados, las sumas abonadas por las víctimas alcanzaron $1.950.000.
La maniobra fue descubierta por las propias autoridades del Subsidio de Salud, que detectaron irregularidades en distintos expedientes.
Si bien algunos trámites pudieron ser frenados a tiempo, en otros casos las prestaciones ya habían sido autorizadas, lo que derivó en un perjuicio económico estimado en $27.904.918.
Para la fiscalía, los imputados no solo falsificaron documentación pública, sino que también indujeron a error a las autoridades del organismo, que aprobaron solicitudes basadas en información fraudulenta.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado prisión preventiva por seis meses, al considerar riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de requerir que la causa sea declarada compleja.
La jueza interviniente hizo lugar a este último pedido y declaró la causa como compleja por el plazo de un año. Sin embargo, resolvió dictar arresto domiciliario por dos meses con monitoreo electrónico para uno de los imputados.
Para los otros dos acusados, dispuso medidas de coerción de menor intensidad, que incluyen reglas de conducta y el pago de una caución de $3 millones cada uno.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la maniobra y si existen más personas involucradas dentro o fuera del organismo.
