La repercusión de las sospechas de corrupción en el sur tucumano escaló a nivel nacional y desembarcó en los principales medios de Buenos Aires. En el programa GPS, emitido por América TV y conducido por Rolando Graña, se expuso el caso de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, a quien se calificó como la “Adorni tucumana” en el marco del informe.
Si bien el tema ya había sido revelado en la provincia a partir de una investigación periodística y cuenta con una denuncia formal en la Justicia impulsada por dirigentes políticos, el informe televisivo amplificó el alcance del caso y puso en primer plano los detalles de una operación inmobiliaria que generó fuerte controversia.
La investigación se centra en la compra de una mansión en Yerba Buena, realizada en octubre de 2024, a un año de haber asumido la jefatura municipal. Se trata de una propiedad de 600 metros cuadrados, ubicada en el country Las Yungas, por un valor total de USD 1.200.000.
Según el informe presentado por la periodista Zelmira Issa, la operación se concretó en una sucursal del Banco Galicia y presenta características que despertaron sospechas. De acuerdo con los datos expuestos, la intendenta —que figura como empleada pública y sin actividad empresarial registrada— habría abonado un millón de dólares en efectivo y el resto en seis cuotas de USD 50.000.
El trabajo periodístico también señaló que el dinero en efectivo habría sido trasladado en bolsos por un funcionario municipal y que la compra se realizó sin una visita previa al inmueble, ya que la mandataria habría visto solo un video antes de firmar la operación.
El informe hizo especial hincapié en el contraste social entre el nivel de vida de la intendenta y la realidad del departamento Graneros, considerado uno de los más pobres de Tucumán. Según se expuso, más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza, con carencias en servicios básicos como agua potable y suministro eléctrico.
Durante el recorrido por la zona, se mostraron las condiciones en las que viven los vecinos, con viviendas afectadas por inundaciones recientes y falta de obras de infraestructura. También se incluyeron testimonios que denunciaron falta de asistencia estatal y situaciones de tensión con la gestión municipal.
En ese marco, el informe abordó además el funcionamiento político local, señalando la continuidad de la familia Graneros en el poder desde 2003 y describiendo un esquema de fuerte concentración. También se mencionaron denuncias de vecinos que aseguraron haber sido imputados tras intentar presentar reclamos ante la intendenta.
Finalmente, la investigación televisiva apuntó a los vínculos con el poder provincial, al mencionar la designación de un familiar directo de la jefa comunal en un cargo dentro del Ejecutivo, en un contexto en el que regían restricciones para nuevas incorporaciones al Estado.
