La Caja Popular de Ahorros de Tucumán presentó una denuncia penal contra el exjugador de San Martín, Adrián Arregui, por una presunta maniobra fraudulenta que, según la acusación, habría generado un perjuicio millonario contra el Estado provincial.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante, quienes además se presentaron personalmente para ratificarla. En el escrito, el organismo sostiene que existió un “plan criminal” destinado a obtener de manera irregular una indemnización a partir de una lesión sufrida por el futbolista en 2019.
El hecho que dio origen al reclamo ocurrió el 15 de febrero de ese año, durante un partido entre San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, cuando Arregui recibió un golpe en el ojo derecho. Sin embargo, según la denuncia, el jugador recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a competir pocas semanas después, lo que para la Caja sería un indicio de que no existieron secuelas incapacitantes de la magnitud que luego se reclamó.
De acuerdo con la presentación, tras su paso por Tucumán el mediocampista continuó su carrera en clubes del exterior, como Independiente Medellín y Alianza Lima, donde habría superado exámenes médicos sin que se detectara una discapacidad permanente. En ese marco, el organismo cuestiona el porcentaje de incapacidad del 49,05% determinado en sede judicial, al que califica como “exorbitante” y sin sustento científico.
Uno de los puntos centrales del planteo es que, según la Caja Popular, Arregui no estaba cubierto por la póliza en cuestión, ya que su vínculo contractual con San Martín correspondía a la figura de “aportante autónomo” dentro de un régimen especial vinculado a la AFA. Por ese motivo, sostienen que el organismo nunca debió responder como si se tratara de una ART.
La denuncia también apunta a la posible participación de otros actores en la maniobra, entre ellos un médico auditor, un perito judicial y un estudio jurídico que representaba a la Caja en el expediente tramitado en Quilmes. Según se detalla, los abogados no contestaron la demanda, no ofrecieron pruebas ni presentaron recursos, lo que dejó al organismo en una posición desfavorable durante el proceso.
Al ser consultados, los letrados atribuyeron esa situación a un “error involuntario”, explicación que fue considerada insuficiente por las actuales autoridades de la Caja frente a la magnitud del posible perjuicio económico.
En la presentación judicial, el caso es encuadrado como una “estafa en triángulo”, en la que habrían actuado de manera coordinada distintos involucrados con el objetivo de forzar una condena millonaria o propiciar un acuerdo extrajudicial. En ese sentido, también se menciona que el estudio jurídico habría sugerido cerrar el conflicto mediante el pago de $450 millones.
El organismo provincial advirtió que el daño patrimonial podría ubicarse entre $450 millones y $1.450 millones, dependiendo del desenlace del juicio laboral. Por ello, además de impulsar la denuncia penal, solicitó medidas urgentes para frenar el avance del expediente.
Entre los pedidos, requirió la suspensión de los plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026, al considerar necesario investigar previamente si el proceso estuvo afectado por una maniobra fraudulenta.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió una organización destinada a defraudar al Estado provincial a través de demandas judiciales.
