El expediente por la agresión al diputado Federico Pelli sumó un nuevo capítulo y escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá definir qué fuero continuará con la investigación. La decisión se da en medio de un conflicto abierto entre la Justicia provincial y la federal, que dejó al descubierto una puja de fondo sobre los límites de competencia en causas con impacto político.
El origen del caso se remonta al 11 de marzo, cuando Pelli fue agredido durante una actividad solidaria en La Madrid, en el sur tucumano. En medio de un intercambio, recibió un cabezazo que le provocó fractura de nariz y politraumatismos. Lo que inicialmente parecía un hecho de violencia aislado rápidamente adquirió dimensión institucional: la Justicia Federal intentó quedarse con la causa bajo el argumento de que ocurrió sobre una ruta nacional y que la víctima es un legislador nacional, lo que —según ese criterio— podría afectar intereses federales. Sin embargo, la Justicia tucumana rechazó ese planteo y decidió mantener el expediente en el ámbito provincial.
En esa línea, el juez del Colegio de Jueces de Concepción, Raúl Robín Márquez, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, resolvió que el caso continúe bajo jurisdicción local al considerar que se trata de un delito común —lesiones graves agravadas por alevosía— y que no existen elementos suficientes que justifiquen la intervención federal. Además, descartó que haya una afectación concreta a intereses nacionales o a la circulación interjurisdiccional, uno de los argumentos centrales esgrimidos por el fuero federal. La causa tiene un único imputado, Marcelo “Pichón” Segura, quien permanece detenido con prisión preventiva por cuatro meses.
Ante la negativa provincial de ceder el expediente, se configuró un conflicto de competencia entre fueros que ahora deberá resolver la Corte Suprema. La discusión, sin embargo, excede lo estrictamente procesal y vuelve a poner en primer plano una tensión estructural del sistema judicial argentino: cuándo corresponde que intervenga la Justicia Federal y cuándo deben primar las jurisdicciones locales. Mientras el fuero federal invoca la investidura de la víctima y el lugar del hecho, la Justicia provincial sostiene el principio de competencia natural y el carácter excepcional de la intervención federal.
El caso también se vio atravesado por su contexto político. El episodio ocurrió en medio de un operativo de asistencia tras inundaciones, y la condición de Pelli como dirigente de La Libertad Avanza le dio rápidamente una lectura que trasciende lo judicial. En ese marco, el intento de trasladar la causa al fuero federal alimentó interpretaciones sobre posibles intereses políticos detrás de la disputa.
Ahora, el máximo tribunal no solo deberá definir qué juez seguirá con la investigación, sino también fijar un criterio que puede sentar precedente sobre la intervención federal en hechos que involucren a funcionarios nacionales pero que, en esencia, se encuadran como delitos comunes. El fallo, en ese sentido, tendrá un alcance que va más allá de Tucumán y podría redefinir los límites entre la política y la justicia en la Argentina actual.
