El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó al juez Guillermo Díaz Martínez, subrogante del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, que cite a declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y al empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia, en el marco de una investigación abierta en la Justicia federal a partir de derivaciones de la denominada “causa Vélez”.
El pedido fue presentado en un dictamen de más de 50 páginas en el que el representante del Ministerio Público Fiscal también requirió la aplicación de medidas de coerción —entre ellas la prohibición de salida del país— y la realización de nuevas diligencias probatorias para profundizar la investigación.
Según el fiscal, los elementos reunidos hasta el momento permitirían sospechar que los tres mencionados podrían haber tenido participación en hechos que deben ser analizados bajo la normativa federal vinculada con la trata de personas. La investigación surgió a partir de información obtenida durante el expediente judicial iniciado en Tucumán por una denuncia de abuso sexual que involucró a futbolistas del club Vélez Sarsfield.
El origen de la investigación
La causa federal se abrió luego de que el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital remitiera copias certificadas del expediente que tramitaba en la Justicia provincial. En ese proceso intervenía el juez Augusto Paz Almonacid, quien entendió que algunas circunstancias surgidas durante la investigación podían tener derivaciones de competencia federal.
La denuncia inicial había sido presentada por una joven tras un encuentro ocurrido en Tucumán con jugadores del club Vélez Sarsfield. Con el avance de la causa, la Justicia provincial resolvió el sobreseimiento de los futbolistas al considerar que se trató de una relación consentida. Sin embargo, de las declaraciones incorporadas al expediente surgieron elementos que motivaron la apertura de una investigación paralela en el fuero federal.
En ese contexto, el fiscal Vehils Ruiz planteó que algunas actuaciones posteriores a la denuncia podrían configurar conductas vinculadas con la captación o manipulación de una persona en situación de vulnerabilidad, lo que podría encuadrarse dentro de los delitos previstos por la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía
En su dictamen, el fiscal solicitó que se convoque a indagatoria al diputado Cisneros, a la abogada Neme y al empleado de la Caja Popular Petraglia para que den su versión de los hechos en el marco de la investigación.
Además, requirió que se adopten medidas de coerción para garantizar el desarrollo del proceso judicial, entre ellas la prohibición de salida del país de los imputados. También pidió la recopilación de comunicaciones, el análisis de testimonios ya incorporados en el expediente provincial y la producción de nuevas pruebas que permitan esclarecer la eventual participación de cada uno de los involucrados.
La decisión ahora queda en manos del juez
Tras el requerimiento presentado por la Fiscalía, ahora será el juez federal Guillermo Díaz Martínez quien deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a los tres señalados a prestar declaración indagatoria.
De concretarse ese paso procesal, la investigación ingresará en una etapa clave para determinar si los hechos derivados de la denominada “causa Vélez” tienen ramificaciones que puedan encuadrarse dentro de delitos de competencia federal.
