Una investigación del diario La Nación puso en el centro de la escena al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al revelar que compró una casa de fin de semana valuada en US$300.000 en Tafí del Valle, sin que se conozcan públicamente sus declaraciones juradas actualizadas.
Según la documentación del Registro Inmobiliario, la operación se concretó el 13 de diciembre de 2024 y la inscripción fue realizada el 22 de enero de 2025. La propiedad cuenta con una superficie de más de 2.300 metros cuadrados y figura a nombre del mandatario y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.
El informe también detalla que el inmueble está hipotecado a favor del Banco Macro por más de $266 millones. La entidad no es ajena a la administración provincial: desde 2019 es el agente financiero oficial de Tucumán, tras la fusión con el Banco Tucumán.
La revelación se produce en un contexto de creciente debate sobre la transparencia en la función pública. En el caso de Jaldo, la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción data de 2016, cuando asumió como diputado nacional. Pese a haber sido candidato nuevamente al Congreso en 2025, no habría presentado una actualización de su patrimonio ante ese organismo.
Desde la Gobernación señalaron que se trató de una candidatura “testimonial” y que, al no haber asumido la banca, no correspondía su proclamación formal. Además, aseguraron que el mandatario sí cumple con la presentación de sus declaraciones juradas ante organismos fiscales, aunque estas no son de acceso público.
Consultado por la operación, Jaldo defendió su situación y afirmó que cuenta con una extensa actividad privada en el sector agrícola-ganadero. “Todos los créditos que tengo son inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”, sostuvo. También explicó que mantiene vínculos financieros con entidades privadas como Banco Macro y Banco Santander.
Sin embargo, el caso vuelve a exponer las limitaciones del sistema de control patrimonial en Tucumán. Si bien la ley provincial obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas, no establece su publicidad, lo que impide el acceso ciudadano a esa información. A diferencia de distritos como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde los datos son públicos, en Tucumán no existe un organismo que garantice su difusión.
En su última declaración disponible, correspondiente a 2016, Jaldo había informado la posesión de varios inmuebles en la provincia, muchos de ellos adquiridos mediante créditos. No obstante, desde entonces no hay registros públicos que permitan conocer la evolución de su patrimonio.
Con más de 25 años en la función pública, el mandatario tucumano es una de las figuras centrales del peronismo provincial y mantiene un perfil dialoguista con el gobierno nacional de Javier Milei.
La investigación vuelve a traer a la mesa el debate sobre la transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de control sobre los bienes de los funcionarios en Tucumán, en un escenario donde crecen las demandas sociales por mayor rendición de cuentas y una política cada vez más enriquecida.
