Cuatro efectivos policiales de Tucumán fueron enviados a juicio oral acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven al que vinculaban presuntamente con la venta de marihuana. Según la investigación, lo privaron ilegalmente de la libertad, lo golpearon y exigieron dinero a su familia para liberarlo.
El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2024 en San Miguel de Tucumán. De acuerdo a la acusación, los policías Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto al civil Facundo Nahuel Amaya —quien será juzgado en un proceso aparte tras haber estado prófugo—, actuaron bajo presuntas órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales.
La reconstrucción judicial sostiene que el grupo se presentó en un barrio privado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevó por la fuerza a un joven identificado como L.G. La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane y trasladada hasta una dependencia policial en el sur de la capital.
Durante el trayecto, el joven habría sido golpeado, agresiones que, según consta en el expediente, continuaron dentro de la oficina de la Jefatura de Zona III. La investigación remarca que ese lugar no está habilitado para alojar detenidos, lo que agrava la situación de los imputados.
El caso sumó un elemento clave: la exigencia de dinero. Según la acusación, los involucrados contactaron a la madre del joven y le pidieron $240.000 a cambio de liberarlo. Para presionarla, le advirtieron que tenían supuestas pruebas para involucrar a su hijo en una causa por narcotráfico.
La pesquisa, encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, reunió pruebas consideradas contundentes. Entre ellas, mensajes de WhatsApp y Telegram que evidenciarían una planificación previa: los acusados habrían simulado una compra de droga para concretar el secuestro.
En esos intercambios, según el expediente, se hablaba de realizar “un trabajo de merca” y se mencionaba la participación de todos los implicados. Incluso, se registraron mensajes donde apuraban el pago del rescate: “apurar a la vieja”, habría sido una de las frases utilizadas.
Otro punto clave fue el testimonio de un guardia policial, quien confirmó que los acusados estuvieron con el joven dentro de la dependencia esa noche, pese a que no existió registro oficial de su ingreso.
Los imputados negaron los hechos y sostuvieron que se trató de un procedimiento legítimo vinculado a estupefacientes. Sin embargo, el fiscal consideró que esa versión “resulta incompatible” con las pruebas reunidas.
En el caso del comisario Morales, también rechazó las acusaciones y aseguró no haber dado órdenes. No obstante, para la fiscalía su descargo es “inverosímil”, ya que los hechos ocurrieron dentro de su jurisdicción y existen comunicaciones que lo vincularían con el operativo.
Finalmente, el juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió elevar la causa a juicio oral. Díaz, Gómez y Jiménez serán juzgados por secuestro extorsivo agravado, mientras que Morales quedó imputado como partícipe necesario.
Además, la Justicia habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por los daños sufridos, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el accionar de fuerzas de seguridad en la provincia.
