Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria y en medio de la expectativa por una definición de la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores docentes nucleados en CONADU resolvieron convocar a un paro nacional de una semana que se extenderá desde el 26 hasta el 31 de mayo en todas las universidades públicas del país.
La decisión se tomó en un plenario de secretarios gremiales, donde además se acordó que la medida de fuerza estará acompañada por jornadas de protesta, clases públicas y distintas acciones callejeras en todo el territorio nacional. En ese marco, también se anunció la conformación de un frente educativo que será presentado el próximo 22 de mayo en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto, lejos de apaciguarse, podría profundizarse en los próximos meses. Desde distintas seccionales docentes ya comenzaron a plantear iniciativas para el segundo cuatrimestre, entre ellas la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado y la suspensión de evaluaciones, propuestas que serán debatidas en el próximo plenario de CONADU previsto para el 5 de junio.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la situación salarial. Según el gremio, los docentes universitarios no reciben actualizaciones paritarias desde octubre de 2024 y acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 34% desde la asunción del presidente Javier Milei hasta enero de 2026. Como ejemplo, señalaron que un profesor con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió en ese mes un salario bruto de $305.604.
“El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos”, expresó recientemente Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, quien advirtió que la paciencia del sector “se agotó” tras meses de conflicto.
En paralelo, autoridades de universidades nacionales también elevaron el tono del reclamo. A través de un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionó duramente al Gobierno nacional y denunció un “intento sistemático de desacreditar institucionalmente” a quienes defienden la universidad pública.
El documento también rechazó declaraciones de funcionarios del Ejecutivo y sostuvo que “no está en discusión solamente el presupuesto universitario, sino el tipo de país y de democracia que se quiere construir”. En esa línea, los rectores repudiaron lo que consideran agresiones y estigmatizaciones, y afirmaron que no están dispuestos a aceptar acusaciones infundadas.
Con este escenario, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo y se encamina a semanas clave, con medidas de fuerza, presión política y la expectativa de definiciones judiciales que podrían impactar de lleno en el futuro del sistema educativo superior en la Argentina.
