La investigación por el asesinato de Joaquín Rodrigo Ibarra, el joven de 21 años ejecutado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Alderetes, ingresó en una etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal se encuentra próximo a requerir la elevación a juicio de los dos adolescentes de 16 y 17 años imputados por el hecho.
En una reciente audiencia, la Fiscalía solicitó extender las medidas cautelares que pesan sobre los acusados mientras se completan las últimas diligencias de la etapa preparatoria. El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido y otorgó una prórroga de 30 días, instando a los investigadores a concluir el expediente.
El crimen ocurrió en la madrugada del 12 de enero en el barrio Julio Abraham. Según la reconstrucción judicial, Ibarra había llegado a la casa de un amigo y esperaba para ingresar cuando fue sorprendido por dos adolescentes que circulaban en una motocicleta.
De acuerdo con la acusación, uno de los sospechosos descendió armado con fines de robo. En ese contexto, la víctima arrojó su teléfono celular por encima de una reja, pero el agresor logró sustraerle una bolsa con ropa. Lejos de finalizar allí, el ataque escaló: el acusado regresó, golpeó a Ibarra en la cabeza y efectuó un disparo antes de huir junto a su cómplice.
Gravemente herido, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Padilla por vecinos y familiares, pero falleció a causa de las lesiones.
La investigación avanzó con rapidez. Horas después del hecho, personal policial logró identificar y detener a los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad. Ambos fueron imputados como coautores de homicidio agravado criminis causa y quedaron inicialmente bajo prisión preventiva.
En el marco de la causa, los investigadores aún aguardan resultados clave, como una pericia sobre teléfonos celulares secuestrados, que podría aportar información relevante sobre movimientos o comunicaciones posteriores al crimen. Además, todavía no fueron hallados el arma utilizada ni la motocicleta empleada en el ataque.
Durante la audiencia más reciente, las defensas solicitaron que la medida cautelar se cumpla bajo arresto domiciliario, pero el planteo fue rechazado por el juez, quien consideró que los imputados podrían entorpecer la investigación.
Por su parte, la familia de la víctima insiste en que el proceso avance con celeridad. “Queremos que el juicio se realice lo antes posible para determinar responsabilidades y que haya una condena”, expresó el abogado querellante Juan Pablo Bello.
El letrado explicó que, al tratarse de menores de edad, el proceso tendrá una dinámica particular: primero se definirá la responsabilidad penal y luego, en una instancia posterior, se debatirá la eventual pena.
Si bien los acusados enfrentan cargos por homicidio agravado —delito que prevé prisión perpetua para adultos—, esa sanción no puede aplicarse en el caso de menores. No obstante, desde la querella adelantaron que buscarán que se imponga la máxima pena posible dentro de los límites legales.
Con estos avances, la causa se encamina hacia una instancia clave que podría marcar un punto de inflexión en uno de los crímenes que más conmoción generó en Tucumán en lo que va del año.
