La situación financiera de la Municipalidad de Yerba Buena vuelve a quedar bajo la lupa tras una nueva asistencia económica autorizada por el Gobierno de Tucumán. La administración de Osvaldo Jaldo habilitó un financiamiento reintegrable de hasta $1.828.278.007,98 para el municipio que conduce el radical Pablo Macchiarola, destinado principalmente al pago de los salarios correspondientes a septiembre de 2026.
La medida se suma a otra asistencia aprobada en agosto, por un monto máximo de $1.751.378.543,69, para afrontar principalmente las remuneraciones de julio. De esta manera, la Provincia autorizó más de $3.579 millones en dos operaciones durante 2026 para atender obligaciones salariales de Yerba Buena. Aunque se trata de préstamos reintegrables previstos en los mecanismos fiscales provinciales, la reiteración de estas herramientas vuelve a poner en discusión la capacidad del municipio para sostener sus gastos corrientes con los recursos disponibles.
El nuevo financiamiento también plantea interrogantes sobre la planificación presupuestaria, el peso de los salarios dentro de las cuentas municipales y el margen que queda para afrontar obras, mantenimiento urbano y prestación de servicios. Sin embargo, la documentación citada no detalla la cantidad actual de empleados municipales ni la evolución de la planta de personal durante la gestión de Macchiarola, por lo que esos datos resultan necesarios para determinar qué factores inciden en la situación financiera.
El decreto que autorizó los fondos
La nueva asistencia quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2.436/3, firmado el 5 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Tucumán el jueves 22. El instrumento autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar a Yerba Buena un financiamiento reintegrable de hasta $1.828.278.007,98, destinado principalmente al pago de las remuneraciones municipales de septiembre.
La operación se encuadra en la Ley N.º 8.829, conocida como Pacto Social, y en el Acuerdo Fiscal con Municipios, mecanismos que permiten asistir financieramente a las administraciones locales para atender salarios, obras, servicios y otras obligaciones. Según el decreto, los recursos se imputarán a Rentas Generales y se canalizarán mediante la cuenta fiduciaria del municipio, con intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
El documento establece que la disponibilidad efectiva de los fondos dependerá de las posibilidades del Tesoro provincial. Además, la Contaduría General deberá registrar los desembolsos y las correspondientes devoluciones. Por tratarse de una autorización de financiamiento por un monto máximo, el decreto no implica necesariamente que la totalidad del dinero haya sido transferida.
Más de $3.579 millones en dos operaciones
El antecedente inmediato es el Decreto N.º 1.799/3, mediante el cual, en agosto, el Gobierno provincial autorizó una asistencia reintegrable de hasta $1.751.378.543,69 para cubrir principalmente los salarios de julio.
Al sumar ambos montos, las autorizaciones alcanzan los $3.579.656.551,67. La cifra corresponde al total de los máximos habilitados en las dos operaciones y no permite afirmar que todo ese dinero haya sido efectivamente desembolsado.
La reiteración de las asistencias abre preguntas sobre la evolución del gasto salarial, los ingresos propios del municipio y su capacidad para afrontar las obligaciones mensuales sin recurrir nuevamente a herramientas de financiamiento provincial. Para dimensionar el problema, también sería necesario conocer qué proporción del presupuesto se destina al personal y cómo evolucionaron los ingresos por tasas y otros recursos municipales.
El uso del Pacto Social, por sí solo, no demuestra una situación de insolvencia. Se trata de un mecanismo legal utilizado por municipios tucumanos y sujeto a condiciones de reintegro y compensación vinculadas con recursos de coparticipación. No obstante, la frecuencia y el volumen de las asistencias constituyen indicadores relevantes para analizar la planificación financiera de la administración local.
El trasfondo político entre Jaldo y Macchiarola
La asistencia también tiene una dimensión política. Pablo Macchiarola pertenece al radicalismo y forma parte del espacio opositor Cambia Tucumán, mientras que Osvaldo Jaldo encabeza el Gobierno provincial. El intendente llegó al cargo en 2023 como sucesor de Mariano Campero, uno de sus principales referentes políticos, quien mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación en las elecciones previstas para mayo de 2027.
Así, mientras el espacio de Campero busca consolidarse como alternativa al oficialismo provincial, la Municipalidad de Yerba Buena continúa recurriendo a instrumentos de asistencia financiera habilitados por la administración de Jaldo. El vínculo institucional permite canalizar estos recursos más allá de las diferencias partidarias, aunque el contraste entre las posiciones políticas y la dependencia de financiamiento provincial suma un elemento al debate público.
Por ahora, los datos oficiales citados confirman dos autorizaciones de asistencia reintegrable destinadas principalmente a obligaciones salariales durante 2026. La información disponible no permite establecer por sí sola las causas de la necesidad de financiamiento ni atribuirla exclusivamente al gasto en personal.
El desafío para la gestión municipal será transparentar la evolución de sus ingresos, la estructura de gastos y la cantidad de empleados, además de explicar cómo prevé sostener los salarios y los servicios públicos. La pregunta de fondo es qué margen financiero tiene Yerba Buena para afrontar sus obligaciones habituales con recursos propios y en qué medida necesitará continuar recurriendo a la Provincia.
