El año 2026 comenzó de la peor manera en Tucumán, con un crimen que confirma una estadística alarmante heredada de 2025: las víctimas son atacadas a pesar de contar con medidas de protección vigentes. El escenario fue la localidad de Taco Ralo, donde Orlando Vicente Albornoz, de 60 años, asesinó de un disparo a su expareja, Luisa Elizabeth Mendoza, de 50, para luego quitarse la vida con la misma arma.
Según la investigación que lleva adelante la Brigada Sur, a cargo del comisario Carlos Díaz, el desenlace fatal estuvo marcado por la premeditación. El lunes, un día antes del crimen, Albornoz había recibido los resultados de unos estudios médicos que arrojaron complicaciones cardíacas. Lejos de asumir su condición, el hombre culpó a Mendoza por el deterioro de su salud, atribuyéndolo al estrés de la denuncia por violencia de género que ella había radicado en su contra en diciembre pasado. Testigos indicaron que, ya en ese momento, el femicida anticipó su intención de matarla por venganza.
Bajo ese pretexto, el martes se comunicó con Mendoza y le pidió que fuera a su casa para “arreglar” los problemas derivados de su estado de salud. La mujer, oriunda de San Pedro de Guasayán, accedió a visitarlo con la intención de ayudarlo, a pesar de que existía una orden de restricción perimetral que le prohibía a él acercarse a ella.
Mendoza llegó a la vivienda del agresor el martes por la noche acompañada por uno de sus hijos y pernoctaron en el lugar. Al día siguiente, el silencio en la propiedad alertó a los familiares de Albornoz, quienes decidieron ingresar. Fue una mujer de la familia quien entró al dormitorio y se encontró con la trágica escena de ambos cuerpos sin vida.
El caso reabre el debate sobre la eficacia de las restricciones perimetrales, dado que, al igual que en muchos casos del año anterior, la víctima contaba con protección legal notificada, pero terminó siendo blanco de la violencia machista en una trampa mortal ideada por su agresor.
