La Justicia tucumana imputó formalmente y ordenó la prisión preventiva por tres meses para Justina Gordillo, en el marco de la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez. La medida fue dispuesta tras una audiencia judicial en la que se le atribuyó el delito de encubrimiento doblemente agravado.
La audiencia multipropósito se desarrolló el martes y estuvo encabezada por el fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, quien expuso la acusación contra Gordillo, de 48 años. La defensa se opuso a la formulación de cargos y pidió la absolución de la imputada, planteo que fue rechazado por el juez interviniente. Posteriormente, el fiscal solicitó la prisión preventiva por el término de tres meses al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pedido que fue aceptado por el magistrado.
Tras la resolución, la defensa impugnó la decisión judicial y argumentó que la mujer presenta problemas psiquiátricos, una afección tiroidea que requiere tratamiento médico y que además es madre de dos hijos menores de edad.
El rol que le atribuye la Fiscalía
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Gordillo habría colaborado con Felipe Sosa, principal acusado del homicidio, luego del asesinato de Álvarez. La investigación sostiene que la imputada visitó en reiteradas ocasiones el domicilio del sospechoso y habría ayudado a ocultar pruebas clave para la causa.
Entre los elementos que habría intentado encubrir, la Fiscalía menciona el teléfono celular de la víctima y la camioneta que posteriormente fue secuestrada, vehículo en el que presuntamente se trasladó el cuerpo de la joven hasta un basural ubicado en Manantial Sur.
Situación del principal acusado
Felipe Sosa, señalado como autor del crimen, fue detenido el 16 de enero en la localidad bonaerense de Pilar y permanece con prisión preventiva por seis meses. La acusación sostiene que entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero de 2026 habría asesinado a Álvarez mediante una agresión física violenta que le provocó múltiples traumatismos.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el homicidio el acusado habría embolsado el cuerpo y lo trasladó en un vehículo hasta un descampado donde fue hallado horas después. El informe preliminar de autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-facial y cervical producto de violencia ejercida por un tercero.
La investigación continúa en curso mientras la Justicia intenta determinar el grado de participación de la imputada y profundiza la recolección de pruebas en uno de los casos policiales que generó mayor conmoción en la provincia.
