La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán resolvió hacer lugar a una acción de amparo presentada por Javier Eduardo González y ordenó al Ministerio Público Fiscal (MPF) emitir un nuevo acto administrativo que le otorgue la licencia sin goce de sueldo, paso indispensable para que pueda asumir en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El fallo se dictó en la causa “González Javier Eduardo c/ Ministerio Público Fiscal s/ amparo” y declaró la nulidad de la resolución del 10 de febrero de 2026, mediante la cual el organismo había rechazado el pedido. La sentencia, firmada por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur, establece que el MPF deberá resolver nuevamente conforme a derecho.
González, funcionario de planta permanente del Ministerio Público Fiscal, había sido designado en noviembre de 2025 por la intendenta Rossana Chahla como titular de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, un área clave creada para reforzar el control urbano en la capital. Sin embargo, no pudo asumir debido a la negativa del organismo que conduce el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que argumentó razones de servicio para denegar la licencia.
La Justicia consideró que esa decisión carecía de sustento legal. En su resolución, el tribunal remarcó que el derecho a la licencia está expresamente contemplado en la normativa vigente para los casos en que un agente público es designado en un cargo político de mayor jerarquía, por lo que no se trata de una facultad discrecional sino de una obligación legal.
Además, los magistrados señalaron que existen antecedentes dentro del propio Poder Judicial en los que se concedieron licencias en situaciones similares, lo que refuerza el principio de igualdad ante la ley y deja en evidencia la inconsistencia del rechazo.
Con este fallo, el MPF deberá dictar una nueva resolución ajustada a derecho, lo que abriría la puerta para que González finalmente pueda asumir en el cargo municipal. Según informó el medio Tendencia de Noticias, la sentencia ya fue depositada en el casillero digital del organismo durante el fin de semana, por lo que la notificación se considera efectiva.
“El Ministerio Público ya tiene que haber sido notificado. Ahora debe emitir un nuevo acto administrativo otorgando la licencia; recién ahí quedará habilitado para asumir”, indicaron fuentes judiciales.
El caso suma un nuevo capítulo de tensión institucional, ya que desde noviembre el funcionario permanece sin poder ejercer el cargo para el que fue designado, en un contexto que su entorno atribuye a una decisión arbitraria dentro del organismo judicial.
Más allá de la situación particular, la resolución fija un criterio relevante sobre los límites de las facultades del Ministerio Público Fiscal frente a derechos reconocidos por ley, en un escenario donde se entrecruzan la estructura judicial y la gestión política municipal.
En cuanto a sus funciones, la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia tendrá como objetivo central promover el orden urbano a través de políticas de control, fiscalización de infracciones, aplicación de sanciones y uso de herramientas tecnológicas. También buscará fortalecer la presencia territorial y mejorar la atención a los vecinos, con foco en la transparencia y el cumplimiento de normas que impactan directamente en la vida cotidiana.
