Un informe difundido por el sitio La Política Online encendió la polémica en el escenario político nacional al revelar un listado de funcionarios y legisladores oficialistas que accedieron a millonarios préstamos del Banco Nación durante la gestión de Javier Milei. Entre los nombres destacados aparece el diputado tucumano Mariano Campero, uno de los denominados “radicales con peluca” por su alineamiento con el Gobierno.
Según la publicación, Pampero obtuvo en mayo de 2025 un crédito por 322 millones de pesos otorgado por la entidad que preside Daniel Tillard. El dato no pasó inadvertido en el ámbito político: el préstamo fue concedido en un momento clave, cuando en el Congreso se debatía la conformación de la Comisión Libra, de la cual el legislador formó parte.
El caso no sería aislado. Dentro del mismo espacio político, el diputado Santiago Santurio accedió a un crédito por 340 millones de pesos, mientras que Alejandro Bongiovanni, vinculado a la Fundación Libertad, obtuvo 255 millones en enero de 2026. También generó controversia la situación de la diputada Lorena Villaverde, quien habría conseguido un préstamo de 225 millones luego de un rechazo inicial, en medio de versiones sobre presiones internas.
La situación generó fuertes cuestionamientos por lo que muchos consideran una contradicción ideológica. Varios de los beneficiarios se identifican con posturas de libre mercado y han cuestionado históricamente el rol del Estado, aunque en este caso recurrieron a una entidad pública —cuya privatización fue incluso promovida por el oficialismo— para acceder a financiamiento.
De acuerdo con datos del sitio “Cuánto deben”, desarrollado por Andrés Sintcofsky, los créditos más significativos fueron otorgados a dirigentes libertarios tras la asunción presidencial. Además, surgieron sospechas sobre el posible uso de estos fondos para justificar adquisiciones patrimoniales que no coincidirían con los ingresos declarados.
El listado también incluye a figuras del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Felipe Núñez, director del BICE, recibió 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, registra deudas por 367 millones con el Banco Nación y otros 100 millones con el Banco Ciudad.
Incluso el área de comunicación oficial aparece alcanzada: Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe” y actual funcionario de Presidencia, habría accedido a un crédito de 112 millones de pesos en diciembre de 2025.
La respuesta del Banco Nación
En medio de la controversia generada tras la difusión de estos datos, el Banco Nación publicó un mensaje institucional en el que defendió su política crediticia y destacó su peso en el sistema financiero. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación”, aseguró la entidad, al tiempo que informó que ya concedió más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea.
Desde el banco remarcaron que el proceso de otorgamiento es “homogéneo, sin excepciones” y que se realiza a través de circuitos digitalizados que permiten completar las operaciones en plazos acotados. Además, explicaron que su fuerte presencia en el mercado se vincula con la administración de cuentas sueldo del sector público nacional, donde —según indicaron— más del 95% de los empleados elige mantener su vínculo con la institución, lo que facilita el acceso al financiamiento.
En esa línea, detallaron que existen productos específicos para trabajadores estatales, como la línea “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, a diferencia del 75% que cubre la línea general. Según señalaron, muchos funcionarios y empleados accedieron a créditos bajo estas condiciones, aunque siempre respetando los criterios de evaluación crediticia.
Por fuera de la postura oficial, en el mercado financiero reconocen que distintas entidades —especialmente bancos de origen estatal como el Banco Ciudad, el Banco de Entre Ríos, el Banco de Santa Fe o el Banco de Rosario— ofrecen líneas diferenciadas para empleados públicos. No obstante, también advierten una diferencia clave: mientras esos trabajadores cuentan con estabilidad laboral, los funcionarios ocupan cargos políticos, lo que abre el debate sobre si deben ser considerados bajo los mismos parámetros en el análisis crediticio.
