Los cuestionamientos al sistema de transporte público volvieron a tomar fuerza en la Legislatura de Tucumán, donde el oficialismo logró prorrogar por dos años la emergencia del sector, en medio de fuertes críticas de la oposición.
La medida extiende la vigencia de la ley N° 9.773, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar subsidios a las empresas prestatarias del servicio, y que vencía el 31 de mayo de 2026.
El presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Tulio Caponio, defendió la iniciativa al señalar que la norma es “el brazo ejecutor” que tiene el Gobierno para transferir asistencia económica al sector. En ese sentido, sostuvo que la prórroga es clave para sostener el funcionamiento del sistema.
En términos concretos, durante el último mes la Provincia destinó más de $5.000 millones a AETAT, mientras que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aportó cerca de $2.000 millones para evitar el colapso del servicio.
Desde el Ejecutivo argumentaron que persisten las condiciones que dieron origen a la emergencia, e incluso señalaron que la crisis se profundizó por el aumento de costos, especialmente en combustible y salarios.
Sin embargo, desde distintos sectores opositores rechazaron la medida y cuestionaron la continuidad de un esquema que, aseguran, no ha logrado mejorar el servicio.
El legislador Eduardo Verón Guerra, de Fuerza Republicana, advirtió que “se está naturalizando la prórroga de emergencias en lugar de discutir cómo salir de esa situación”.
En la misma línea, Silvia Elías de Pérez se mostró a favor de proteger los puestos de trabajo, pero cuestionó el mecanismo actual. Propuso avanzar en subsidios segmentados por empresa, en lugar de sostener el esquema general.
Por su parte, Walter Berarducci remarcó que desde 2019 cayó cerca de un 50% el corte de boletos, lo que refleja el abandono del servicio por parte de los usuarios.
Además, apuntó contra el destino de los fondos: criticó que se continúe subsidiando a AETAT, una entidad que se encuentra bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
El debate dejó expuesta una preocupación compartida: el transporte público sigue siendo considerado un servicio deficiente, con usuarios que, según señalaron legisladores, se sienten “rehenes” del sistema.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que la asistencia económica es necesaria para evitar una paralización, pero la oposición insiste en que sin una reforma estructural, la emergencia se convertirá en una situación permanente.
