La causa por el crimen de Paulina Lebbos sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal de Cámara Carlos Sale presentara un recurso de casación contra el fallo que absolvió a César Soto, expareja de la joven. El planteo busca que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje sin efecto la absolución y dicte una sentencia condenatoria a prisión perpetua.
El recurso fue presentado ante la Sala III de la Cámara Penal Conclusional y apunta directamente contra la resolución firmada por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica, a la que el fiscal calificó como arbitraria y contraria al deber de juzgar con perspectiva de género.
Uno de los ejes centrales del planteo sostiene que el Tribunal absolvió a Soto por falta de certezas científicas y testimonios directos, al considerar que no se probó su vinculación con el lugar donde habría ocurrido el hecho ni la existencia de rastros biológicos concluyentes. Sin embargo, Sale cuestiona ese criterio y afirma que se ignoró el valor de la prueba indiciaria.
“El Tribunal fragmentó la prueba, analizando cada indicio de forma aislada, cuando en conjunto adquieren una fuerza convictiva inequívoca”, sostuvo el fiscal, al remarcar que este tipo de delitos, cometidos en ámbitos privados, rara vez cuentan con testigos directos.
En esa línea, el recurso pone especial énfasis en que los jueces omitieron considerar el contexto de violencia de género que, según la acusación, rodeaba a la víctima. Sale cuestionó que se haya desestimado el testimonio de las hermanas de Paulina, calificándolo como “dichos de oídas”, cuando en realidad describían un patrón sostenido de agresiones, control y amenazas por parte del imputado.
“El fallo desatendió la obligación de juzgar con perspectiva de género”, señala el escrito, que además invoca la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485, normas que obligan a considerar el contexto previo de violencia para interpretar los hechos.
Otro de los puntos cuestionados es la valoración que hizo el Tribunal sobre la ausencia de lesiones en el cuerpo de Soto tras la desaparición de Paulina. Para el fiscal, exigir marcas visibles como prueba del ataque implica un estándar probatorio irrazonable, especialmente en un caso donde se investiga una muerte por asfixia con posible alevosía.
El recurso también pone en duda la interpretación judicial sobre el lavado de ropa realizado por Soto en las horas posteriores al hecho, conducta que la fiscalía considera una posible maniobra para eliminar rastros.
Además, Sale marcó una contradicción en el fallo mientras el Tribunal descartó indicios contra Soto por considerarlos insuficientes, ordenó profundizar una línea investigativa alternativa basada en dos cabellos hallados en el cuerpo de la víctima, aplicando —según el fiscal— un criterio más flexible.
El escrito también respalda el testimonio de Virginia Mercado, amiga de Paulina, al sostener que su declaración permitió reconstruir el último recorrido de la joven y ubicarla en una zona vinculada al entorno del imputado.
En ese sentido, Sale advierte que las falencias en la investigación original, ya probadas en causas por encubrimiento, no pueden ser utilizadas como argumento para beneficiar al acusado. “El paso del tiempo fue consecuencia del propio accionar estatal”, remarca.
Finalmente, el fiscal calificó el fallo absolutorio como un “acto voluntarista” que no constituye una derivación razonada del derecho vigente, y dejó planteada la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de la Nación si no prospera su planteo en el ámbito provincial.
Con esta presentación, el caso Lebbos entra en una nueva etapa. Será ahora la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la que deberá analizar si corresponde revisar la absolución o confirmarla. La decisión será clave en una causa que, a casi dos décadas del crimen, aún no tiene un responsable condenado como autor material.
