En una resolución que vuelve a sacudir uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial tucumana, la jueza de Ejecución Ana María Iácono concedió este lunes la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.
El ex funcionario, que cumplía prisión domiciliaria, pasará ahora a un régimen de libertad tutelada con estrictas condiciones, pese a que aún resta más de un año para el cumplimiento total de la pena, previsto para julio de 2027.
La decisión judicial se apoyó principalmente en informes del Servicio Penitenciario y pericias psiquiátricas, que describieron un cuadro de “graves síntomas” en la estabilidad psíquica de Di Lella. Según la magistrada, este deterioro, sumado al tiempo de detención y al cumplimiento de las normas, habilita el acceso al beneficio contemplado en la Ley 24.660.
La resolución no estuvo exenta de controversia. El representante del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo García, y el abogado querellante Emilio Mrad se opusieron de manera contundente.
Ambos remarcaron que Di Lella nunca estuvo alojado en una unidad penitenciaria común, lo que —a su criterio— constituye un trato excepcional frente a la gravedad institucional del delito: el encubrimiento de un homicidio que durante años permaneció impune.
También señalaron que el ex funcionario no reconoció su responsabilidad ni pidió disculpas a la familia de la víctima, aspectos contemplados en la normativa vigente para evaluar estos beneficios.
Por su parte, el defensor oficial Emiliano Ferraco sostuvo que su asistido cumplía con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y enfatizó su situación de vulnerabilidad psíquica.
La estrategia de la defensa se centró en remarcar que la medida no implica el fin de la pena, sino una modalidad de cumplimiento en libertad, sujeta a reglas estrictas y al control judicial.
Para dimensionar el alcance de la resolución, es clave recordar que Di Lella fue condenado en 2019 por su rol en el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006. La sentencia determinó que, desde su cargo como secretario de Seguridad durante el gobierno de José Alperovich, avaló maniobras destinadas a desviar la investigación, incluyendo la construcción de pistas falsas y la falsificación de documentos.
Aquel fallo fue considerado un hito contra la impunidad. Sin embargo, la salida anticipada del ex funcionario sin haber pasado por una cárcel común reaviva cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial.
La decisión impactó de lleno en la familia de la víctima. Alberto Lebbos volvió a cuestionar los privilegios que, según denuncia desde hace años, rodearon a los condenados en la causa.
“Todos los días rezo para que recupere la salud, pero sobre todo para que recupere la memoria”, expresó, en alusión al silencio que aún persiste sobre los responsables del crimen.
La libertad condicional fue otorgada bajo un esquema riguroso. Di Lella deberá portar tobillera electrónica con monitoreo GPS, no podrá acercarse a menos de 500 metros de la familia Lebbos, tiene prohibido consumir alcohol o drogas, portar armas y deberá someterse a controles periódicos del Patronato de Internos y Liberados.
Además, deberá continuar de manera obligatoria con tratamiento psicológico y psiquiátrico, uno de los ejes centrales que sustentaron el fallo.
Con esta resolución, todos los condenados en el juicio de 2019 se encuentran en libertad, mientras que el único detenido en el entramado judicial del caso —aunque con arresto domiciliario— es el ex fiscal Carlos Albaca.
El fallo se conoce, además, en la antesala de una instancia clave: la sentencia contra César Soto, para quien la fiscalía solicitó prisión perpetua por homicidio agravado, en un proceso que podría marcar un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por uno de los crímenes más conmocionantes de Tucumán.
