El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni. El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se encuentra en una etapa preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones formales.
Según fuentes judiciales, el planteo del fiscal se basa en la existencia de elementos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la composición del patrimonio del funcionario. En ese sentido, el primer paquete de medidas incluye pedidos de informes a los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para identificar bienes que puedan estar a nombre de Adorni o de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
Además, se solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor para determinar la titularidad de vehículos, así como reportes sobre posibles bienes registrables, como embarcaciones o aeronaves.
La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un supuesto incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal. En su presentación, la legisladora también señaló la existencia de “severas discrepancias” entre las declaraciones juradas del funcionario, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.
A esos elementos se suman USD 24.500 en efectivo cuya procedencia, según la denuncia, habría sido justificada mediante préstamos familiares. También se incorporaron al expediente dos viajes recientes: uno a Nueva York, en el marco de una comitiva oficial, y otro a Punta del Este en un avión privado, este último vinculado a otra causa penal que también tramita en el juzgado de Lijo.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la posible existencia de una propiedad no declarada en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según consta en la denuncia, se trataría de una vivienda de dos plantas cuya titularidad o posesión estaría vinculada a Adorni y su pareja.
En ese sentido, el fiscal pidió informes a la administración del barrio privado para determinar quién abona las expensas del lote en cuestión, a nombre de quién figuran los registros internos y si existen permisos de obra o mejoras asociadas a los investigados. También se requirió información a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz sobre eventuales autorizaciones de construcción.
De acuerdo con el expediente, en las declaraciones juradas públicas el funcionario sólo consignó dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata. No figuran bienes en countries ni en esa jurisdicción bonaerense.
Entre las medidas solicitadas por la fiscalía también se incluyen pedidos de reportes bancarios, el análisis de todas las declaraciones juradas patrimoniales desde 2022, la revisión de su legajo laboral completo en la función pública —incluyendo salarios, viáticos y haberes— y la verificación de participaciones en sociedades o cargos directivos.
Asimismo, se requirió información sobre los movimientos migratorios de Adorni y su esposa para detectar posibles inconsistencias, y sobre los ingresos de las personas que habrían actuado como prestamistas en los supuestos mutuos declarados.
El objetivo, según fundamentó el Ministerio Público, es analizar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno cercano.
Por ahora, el juez Ariel Lijo recibió el dictamen del fiscal, pero aún no resolvió si dará curso a las medidas propuestas. La causa se encuentra en una etapa inicial y su avance dependerá de la decisión del magistrado en los próximos días.
