El eco de las amenazas de tiroteo que irrumpieron en las aulas la semana pasada aún resuena en Tucumán. En ese contexto, el jefe de Policía provincial, Joaquín Girvau, fue categórico: “Los operativos policiales continuarán hoy en las escuelas”, aseguró, en medio de la expectativa por la evolución del caso.
Aunque las advertencias —muchas de ellas escritas en baños o bancos— se conocieron días atrás, las alarmas continúan encendidas. En total, se reportaron más de 15 amenazas que no solo afectaron a establecimientos tucumanos, sino que también se replicaron en otras provincias. Las autoridades investigan si están vinculadas a un supuesto reto viral difundido en redes sociales.
El operativo desplegado incluyó a unos 2.500 efectivos, entre personal de infantería, Grupo Cero y unidades motorizadas. Los agentes fueron distribuidos en las cinco unidades regionales con el objetivo de reforzar la presencia en escuelas públicas y privadas.
“Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas”, sostuvo Girvau. Además, remarcó que este tipo de conductas constituyen delitos y advirtió que habrá consecuencias para quienes las cometan.
El jefe policial también cuestionó el uso de recursos en este tipo de situaciones: “Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero estos estudiantes están cometiendo un delito”, afirmó.
El trasfondo educativo
Desde el Ministerio de Educación, la titular del área, Susana Montaldo, advirtió que lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada. “Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas”, señaló.
La funcionaria explicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, especialmente en recreos y espacios comunes, y que se pidió a docentes y directivos intensificar el acompañamiento de los alumnos.
“Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”, indicó.
Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de combinar límites claros con instancias de escucha. “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”, afirmó.
Un decreto que endurece las medidas
Los operativos forman parte de la respuesta al Decreto N.º 772/7 M.S., firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que endurece las medidas frente a situaciones de violencia y amenazas en establecimientos educativos.
La normativa instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía a reforzar la prevención y la intervención ante hechos de riesgo, tanto dentro como fuera de las escuelas. Además, establece que las instituciones —públicas y privadas— serán responsables de garantizar el cuidado de los alumnos, bajo apercibimiento de perder subsidios en caso de incumplimiento.
El decreto también contempla sanciones para los estudiantes que incurran en conductas graves, incluida la posibilidad de expulsión durante el ciclo lectivo. A su vez, fija responsabilidades para padres y tutores, quienes podrían enfrentar consecuencias administrativas o judiciales por las acciones de sus hijos.
En los casos más severos, se prevé la intervención del Poder Judicial y el eventual traslado de menores al instituto Brochero, en Benjamín Paz.
Casos recientes y clima de tensión
Durante la última semana, se registraron casos concretos vinculados a las amenazas. En Yerba Buena, un adolescente de 13 años reconoció haber sido autor de uno de los mensajes y debió comparecer ante las autoridades. En tanto, en la capital provincial, el padre de un menor fue demorado luego de que su hijo viralizara una amenaza a través de WhatsApp.
Con los operativos confirmados y el refuerzo de las medidas, el escenario en Tucumán se mantiene en tensión. La respuesta oficial combina una fuerte presencia policial, el endurecimiento de sanciones y un llamado a la responsabilidad de las familias, mientras las escuelas intentan sostener la calma en medio de la incertidumbre.
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