El Pequeño Cottolengo Don Orione de Tucumán atraviesa una crisis económica que pone en riesgo la continuidad de su tarea, centrada en la atención de personas adultas con discapacidad. Desde la institución advirtieron que la interrupción en los pagos y el atraso de los aranceles frente a la inflación comprometen el funcionamiento diario.
“Se rompió la cadena de pagos”, explicó el sacerdote Aníbal Quevedo, vocero de la entidad. Según detalló, los fondos provenientes de organismos como PAMI e Incluir Salud no se regularizan desde noviembre de 2025. Durante meses, el hogar logró sostenerse con recursos propios, pero esa alternativa ya se agotó.
El Cottolengo alberga a unas 90 personas y cuenta con entre 75 y 80 trabajadores. Cada mes debe afrontar salarios, cargas sociales, medicamentos, alimentos y servicios. “Brindamos el servicio, lo facturamos, pero los pagos llegan tarde y por debajo de la inflación”, resumió Quevedo.
El problema, explicó, es estructural: el Estado fija los valores de las prestaciones, pero los actualiza tarde y sin acompañar el aumento de costos. Como ejemplo, indicó que el último ajuste del año pasado se aplicó recién a fines de diciembre, luego de meses sin modificaciones.
A la situación financiera se suma el deterioro edilicio. El predio tiene siete hectáreas y edificios con más de ocho décadas, lo que requiere mantenimiento constante. Sin recursos, muchas tareas fueron postergadas, lo que incrementa el riesgo en las instalaciones.
La crisis también limita la capacidad de respuesta: actualmente no se incorporan nuevos residentes por la imposibilidad de garantizar su atención. “No hay margen para reducir personal sin afectar el servicio”, advirtió el sacerdote, al remarcar que muchos internos requieren asistencia total.
Desde la institución señalaron además una contradicción: mientras los pagos se retrasan, las obligaciones fiscales deben cumplirse sin demora. “Si nos atrasamos un día, se aplican intereses”, cuestionó Quevedo.
Si bien reciben donaciones de la comunidad, principalmente de productos de higiene y limpieza, aclararon que esa ayuda no alcanza para resolver el problema de fondo.
Sobre el futuro, el diagnóstico es preocupante. “No podemos decir que se va a cerrar, pero así no se puede continuar. El sistema colapsa”, alertó. En ese escenario, advirtió, los residentes podrían quedarse sin un lugar donde vivir.
El reclamo apunta a la regularización de las deudas y al cumplimiento de la Ley 24.901, que garantiza la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad. “No pedimos un favor, pedimos que se cumpla la ley”, concluyó.
La problemática, subrayaron, no es exclusiva de Tucumán, sino que afecta a instituciones de todo el país que dependen del mismo esquema de financiamiento.
