Es difícil imaginar cómo Tucumán pudo haber crecido sin obras como los diques de Escaba y El Cadillal. Pensados desde principios del siglo pasado y concretados después de años de debates, gestiones y demoras, no fueron simples proyectos de infraestructura sino decisiones estratégicas frente a un problema estructural que ya condicionaba la vida en la provincia. Las inundaciones en verano y las sequías en invierno no son una novedad, sino una constante histórica que obligó a pensar soluciones de fondo, con una mirada que excedía lo inmediato y buscaba ordenar el territorio, proteger la producción y darle previsibilidad a la población.
Esa lógica, la de planificar a largo plazo, parece haberse diluido con el paso del tiempo. Hoy, cada vez que llueve fuerte, Tucumán vuelve a enfrentarse a escenas que se repiten con una precisión preocupante: calles anegadas, barrios enteros bajo agua, caminos destruidos y familias que pierden todo en cuestión de horas. En los casos más extremos, incluso vidas. No se trata de hechos aislados ni de fenómenos completamente imprevisibles. Son, en gran medida, la consecuencia de una acumulación de problemas que nunca terminaron de resolverse.
El contraste con el pasado es inevitable. Hubo un tiempo en que el Estado asumió el desafío de intervenir con obras de gran escala para modificar esa realidad. Hoy, en cambio, la respuesta parece centrarse en la emergencia. La presencia estatal se hace visible cuando llegan los operativos, la asistencia y los anuncios de ayuda para los damnificados. Y esa presencia es necesaria, nadie lo discute. Pero también deja en evidencia una ausencia previa que resulta más difícil de justificar. Porque asistir después no reemplaza la falta de prevención.
En el medio, el territorio cambió. La expansión de la frontera agrícola, la deforestación, el crecimiento urbano sin planificación y la intervención desordenada sobre los cursos de agua fueron alterando el equilibrio natural. A eso se suman obras que quedaron a mitad de camino, canales que envejecieron sin mantenimiento adecuado y decisiones que, muchas veces, respondieron a la urgencia antes que a una estrategia integral. El resultado es un sistema cada vez más frágil frente a eventos climáticos que, si bien pueden ser intensos, no deberían tener consecuencias tan devastadoras.
Los diagnósticos existen desde hace décadas y son bastante coincidentes. Especialistas en distintas áreas vienen señalando la necesidad de ordenar las cuencas hídricas, de actualizar y mantener la infraestructura existente, de aplicar leyes que ya fueron sancionadas y de utilizar herramientas técnicas que permiten anticipar escenarios y reducir riesgos. Sin embargo, esas advertencias rara vez se traducen en políticas sostenidas en el tiempo. La falta de continuidad, la superposición de competencias y la ausencia de una autoridad clara en materia hídrica terminan diluyendo cualquier intento de solución estructural.
En ese contexto, la emergencia deja de ser una excepción para convertirse en una forma de gestión. Lo urgente desplaza lo importante, y así se consolida un círculo difícil de romper. Cada nuevo evento obliga a reaccionar, a destinar recursos a la asistencia y a postergar, una vez más, las inversiones necesarias para evitar que el problema se repita. A eso se suma una realidad económica compleja, donde gran parte del presupuesto estatal se destina a sostener su funcionamiento básico, lo que reduce el margen para encarar obras de gran envergadura.
Sin embargo, la falta de recursos no explica todo. También hay una cuestión de prioridades y de enfoque. Las grandes obras que marcaron la historia de Tucumán fueron posibles en contextos igualmente complejos, pero con una decisión política clara de avanzar en soluciones de fondo. Hoy, en cambio, la discusión parece quedar atrapada entre anuncios, estudios y proyectos que rara vez logran concretarse.
Por eso, cada vez que llueve, la sensación es la misma. No solo por lo que ocurre, sino por lo que no cambia. La repetición de los problemas, la previsibilidad de las consecuencias y la falta de respuestas estructurales terminan generando una percepción de estancamiento que atraviesa a toda la sociedad.
La pregunta, entonces, no es solo qué hacer frente a la próxima tormenta, sino qué hacer para que deje de ser un problema cada vez que llega. Recuperar una mirada de largo plazo, coordinar políticas y asumir que el ordenamiento del territorio es una prioridad parecen pasos inevitables si se quiere salir de esta lógica.
Porque de lo contrario, Tucumán va a seguir dependiendo del clima más de lo que debería. Y cada lluvia, en lugar de ser un fenómeno natural, va a seguir siendo el recordatorio de una historia que se repite.
