La detención de Felipe Sosa, conocido como “El Militar”, marcó un punto de inflexión en la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, hallada sin vida en Manantial Sur, Tucumán. El acusado, de 51 años, fue capturado en la localidad bonaerense de Pilar luego de permanecer prófugo durante varios días, mientras la causa avanzaba en silencio y bajo estricta reserva judicial.
Sosa no era un desconocido para los investigadores. Su apodo surgía de un extenso pasado en fuerzas armadas y de seguridad: fue egresado del Colegio Militar de la Nación, participó en misiones internacionales como observador de la ONU y, según reconstruyeron fuentes judiciales, integró la Legión Extranjera Francesa, donde recibió entrenamiento como comando y enfermero. Tras dejar la vida castrense, se dedicó a la seguridad privada y fundó su propia empresa en Tucumán.
La figura del acusado comenzó a adquirir relevancia pública cuando los fiscales lo señalaron como principal sospechoso del femicidio. Su detención se produjo cuando circulaba en moto y llevaba consigo su pasaporte, un detalle que reforzó la hipótesis de una posible fuga del país. Tras el arresto, fue puesto a disposición de la Justicia para su traslado a Tucumán, donde será imputado formalmente.
El caso de Érika Álvarez conmocionó a la provincia no solo por la violencia del crimen, sino también por el entorno en el que se habría producido. La investigación analiza distintos escenarios vinculados a encuentros privados, consumo de drogas y posibles conflictos previos entre la víctima y personas de su círculo cercano. Si bien algunas versiones iniciales hablaban de redes más amplias, los investigadores avanzan con cautela y no descartan ninguna hipótesis.
El historial de Sosa también suma elementos controvertidos. En 2023, su nombre apareció en otra causa judicial cuando en su domicilio se encontraron varias plantas de marihuana. Aunque él argumentó que se trataba de autocultivo medicinal, el episodio deterioró su situación personal y quedó bajo investigación judicial.
Por estas horas, la fiscalía intenta reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer si el acusado actuó solo o con la colaboración de terceros. El objetivo central es determinar el móvil del crimen y esclarecer qué ocurrió en las horas previas al asesinato.
Mientras tanto, familiares y allegados de Érika Antonella Álvarez reclaman justicia y una investigación sin privilegios. La causa, que avanza con pruebas clave y testimonios reservados, promete revelar detalles que podrían exponer un entramado mucho más complejo del que se conoció en un primer momento.
