La causa por la agresión al diputado Federico Pelli sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial, luego de que su abogado, Juan Colombres Garmendia, presentara un duro escrito ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) cuestionando el rumbo de la investigación.
La presentación fue radicada ante la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela, en medio de fuertes diferencias entre la querella y el accionar del organismo judicial.
En el documento, la defensa denunció presuntas irregularidades en el manejo de pruebas clave. Según expuso, informes telefónicos y documentación médica fueron incorporados y comunicados durante la audiencia, lo que —afirman— dejó a la víctima en desventaja. “Concurrir a una audiencia desconociendo evidencias es grave”, sostiene el escrito, que además advierte que los derechos de la querella están siendo “desconocidos y avasallados”.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno a los informes médicos presentados por la defensa del imputado, encabezada por Ernesto Baaclini. Estos documentos derivaron en la morigeración de la prisión preventiva de Segura, quien pasó de estar alojado en el penal de Benjamín Paz a cumplir arresto domiciliario.
La querella cuestionó que la certificación médica también fue presentada en plena audiencia y advirtió una presunta anomalía en las fechas. Según detallaron, el informe del doctor Neme Sheij figura con fecha del 16 de marzo de 2026, es decir, cinco días después del hecho investigado. Ante esta situación, solicitaron precisiones que, aseguran, aún no fueron respondidas.
“No se puede desconocer que privar del conocimiento de información relevante a una de las partes la sitúa en un plano de desigualdad, impidiendo el ejercicio del derecho de contradicción”, señala el escrito, que insiste en que esta situación afecta el derecho de defensa en juicio.
En otro tramo, la querella apuntó contra un cambio en la teoría del caso por parte de la Fiscalía, al sostener que hubo un “giro de 180 grados” respecto de la postura inicial, cuando se formularon los cargos y se dictó la prisión preventiva por cuatro meses contra el acusado.
En paralelo, Pelli expresó su malestar con el MPF. Según planteó, el organismo acompañó en un principio la gravedad del hecho, pero luego “decepcionó” al no oponerse al arresto domiciliario concedido por el juez Raúl Robín Márquez.
El escenario judicial suma así un nuevo foco de conflicto. La semana pasada, el propio legislador sufrió un revés cuando el magistrado rechazó un planteo contra el beneficio otorgado al imputado, al considerarlo “formalmente inadmisible y manifiestamente improcedente”, y remarcar que este tipo de medidas deben discutirse en audiencias orales.
Ahora, la atención está puesta en cómo responderá el Ministerio Público Fiscal al planteo de la querella, en una causa que sigue generando controversia en el ámbito político y judicial de Tucumán.
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